La República de Cuba, mediante una declaración oficial emitida por la Cancillería, expresó este lunes su apoyo a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y condenó el golpe de Estado parlamentario contra su gobierno.

 

Indica Cuba que lo que sucede en Brasil es un ataque basado "en acusaciones sin pruebas ni fundamentos legales contra la democracia y contra la legitimidad de un Gobierno electo en las urnas por la mayoría del pueblo".

"Este golpe contra la democracia brasileña forma parte de la contraofensiva reaccionaria de la oligarquía y el imperialismo contra la integración latinoamericana y los procesos progresistas de la región", enfatiza el Gobierno cubano en el comunicado difundido por Prensa Latina.

Cuba destaca que desde 2003, cuando llegó a la poder Luiz Inácio Lula da Silva se comenzaron a implementar importantes programas sociales con un alto impacto en la población menos favorecida, que ayudaron a 25 millones de brasileños a salir de la pobreza.

Agrega que la oposición golpista busca "cerrar el ciclo de gobiernos populares del Partido de los Trabajadores", acabar con las conquistas sociales e implantar un gobierno neoliberal que "permita el saqueo por parte de las grandes empresas transnacionales de las riquezas naturales" del país y subordine su política exterior a los "intereses hegemónicos imperialistas".

"Sectores de derecha representantes de la oligarquía, en contubernio con la prensa reaccionaria de Brasil, apoyados abiertamente por las transnacionales de la comunicación y el imperialismo, han consumado, en la Cámara de Diputados de ese país, el primer paso de lo que constituye un golpe de estado parlamentario", asevera el Gobierno revolucionario. 

La Cámara de Representantes de Brasil dio este domingo el primer paso para el golpe de Estado a Rousseff al aprobar con 367 votos a favor, 167 en contra y siete abstenciones, el juicio político que incluye la destitución de la mandataria. 

Ahora el proceso deberá continuar en el Senado, instancia que decidirá de manera definitiva la realización del juicio político, que para ser aprobado debe obtener el voto de la mayoría simple (41) con un quórum de 42 senadores. De lograrse estos votos y comenzar el proceso, la Presidenta tendrá que separarse del cargo por 180 días, equivalentes a seis meses, período en el cual la Cámara alta tomará la decisión y emitirá el veredicto final.