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Privadas de libertad nueve personas vinculadas a fraude importador

 Caracas, 11 Oct. – Producto de las investigaciones desarrolladas en los últimos dos meses, hay nueve personas privadas de libertad por casos de corrupción dentro de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), informó este miércoles el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, detalló que solo en la última semana fueron detenidas seis personas vinculadas a estos delitos, como Gabriel Peña Riera y María Margarita Sigala de Muñoz, accionistas de Azucarera Río Turbio. Por este caso existen ocho órdenes de aprehensión que están en marcha, y los delitos imputados son obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Río Turbio recibió 156 millones de dólares entre 2004 y 2017 con sobrefacturación, para cometer fraude al Estado venezolano acerca de lo que ellos anunciaban que iban a importar.

En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano, directivo de la empresa C.A. Central La Pastora, caso en torno al cual existen siete órdenes de aprehensión por el delito de sobrevaloración en un 230% de importaciones de azúcar cruda a granel y que recibió del Estado 1,3 millones de dólares, con forjamiento de actas de pesaje. Por estas irregularidades, la empresa fue allanada y pasará a manos del Estado venezolano.

Se suma a estos detenidos Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A., que recibió divisas entre 2012 y 2013 por la cantidad de 12,3 millones de dólares, simuló procesos de importación e incurrió igualmente en sobrefacturación. Por este delito hay otras siete órdenes de aprehensión que están en marcha.

En otros procedimientos se detuvo a Félix Jiménez Silva y Rafael Erasmo Carrasquero, socios de la Casa de Representación Farmacéutica Losophar, C.A., señalada por sobrevaloración de 300% en importaciones. A dicha compañía se le liquidaron 2,4 millones de dólares.

Asimismo, fue detenida en el aeropuerto de Maiquetía, estado Vargas, Sadia Cohen, por simular importaciones con una empresa fantasma, llamada Acción Mercantil C.A., a la que le fueron liquidados 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras.

A todas estas personas se les detuvo al momento en que pretendían huir del país en vuelos privados, refirió el fiscal, quien agregó que existen 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución.

El fiscal destacó el apoyo de la Policía Nacional Anticorrupción, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y tribunales penales ordinarios en estas investigaciones y operaciones.

17 detenidos por daños a sector petrolero

En dos meses de investigaciones, se registran 17 privados de libertad por casos de corrupción destinados a atentar contra el sector petrolero, mediante el daño a la flota de vehículos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el sabotaje a su filial PetroZamora y contratos sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO).

Al respecto, Saab detalló en una rueda de prensa que por los daños causados a Petrozamora hay nueve gerentes y directores de Pdvsa con medidas de privativa de libertad. Uno de ellos  se encuentra bajo arresto domiciliario y con prohibición de salida del país, ya que se acogió a delación, figura prevista en el Código Orgánico Procesal Penal.

En el caso del desmantelamiento de vehículos, registrado en en el estado Monagas, hay cinco detenidos, cifra alcanzada luego que  se pusiera a las órdenes del MP Jesús Moreno, gerente de transporte de la división Pdvsa Carabobo, quien se encontraba prófugo.

Igualmente por el caso de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), se encuentran privados de libertad: Pedro León, exdirector de la faja; Manuel Sosa, actor y socio de la empresa Gramal, quien fue imputado este martes por los delitos de peculado doloso y asociación para delinquir, y Carlos Fermín, cuyos hermanos poseen orden de aprehensión y solicitud de activación de alerta roja de Interpol.

Red de corrupción

El fiscal Saab mostró, durante sus declaraciones, el contrato suscrito entre la empresa Odebrecht con el bufete propiedad de José Parra Saluzzo , que da cuenta de la vinculación de ese despacho con la red de corrupción que operaba en la anterior gestión del Ministerio Público.

El 14 de septiembre de 2017, representantes de la empresa entregaron al Ministerio Público copia del contrato, en el cual había correlación entre las clausulas y actuaciones de los fiscales asignados al caso: Pedro Lupera, quien está fuera del país; Luis Sánchez y María Gabriela Lucena.

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